CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES
Y DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA

LIBRO PRIMERO

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
De la Naturaleza del Procedimiento Familiar

Artículo 1.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público y de interés colectivo, porque su integración, permanencia y correcto funcionamiento, constituyen la fuente natural de protección, humanización y socialización del hombre y el fundamento de la estabilidad y desarrollo sociales.

Artículo 2.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez del Ramo Familiar, para solicitar la declaración, preservación o constitución de un derecho, alegar o reclamar la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación. Igual regla se aplica tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos matrimoniales o de las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre domicilio, trabajo, administración de los bienes comunes, educación de los hijos, oposición de los cónyuges, padres o tutores, así como todas las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial, pero deberá procurarse que los conflictos menores, derivados de las relaciones conyugales, concubinarias o paterno filiales, sean planteados ante los consejos de familia.


CAPITULO II

De la Intervención Oficiosa del Procurador de la Defensa
Del Menor y la Familia

Artículo 3.- El Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, en su caso, están facultados para intervenir de oficio en todos los asuntos que afecten a la familia, especialmente cuando se trate de menores o incapacitados que requieran alimentos, solicitando las medidas judiciales tendientes a su protección inmediata.

Artículo 4.- Cuando se trate de impedimentos matrimoniales, pérdida de la patria potestad y alimentos, se concede acción pública para denunciar al Oficial del Registro Civil o al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, en su caso, cualquier situación que afecte la constitución del matrimonio, la estabilidad emocional y la seguridad física de los menores e incapacitados.

Artículo 5.- Cuando un menor aparezca registrado como hijo de padres desconocidos o solo por la madre o padre, el oficial del registro civil comunicará esta circunstancia al Procurador de la Defensa del menor y la Familia, para que personal especializado de dicha institución procure identificar al o los progenitores e intente convencerles para que reconozcan voluntariamente a su hijo y se ocupen de su protección y educación facilitándole, en caso de duda, el acceso a las pruebas biológicas de la paternidad.

Cuando no se logre el reconocimiento, el Procurador de la Defensa del Menor podrá promover la acción judicial correspondiente, si media conformidad expresa de la madre para hacerlo.

CAPITULO III

De la Conciliación y la Mediación Obligatorias
En los conflictos de Familia

Artículo 6.- En aquellos asuntos del orden familiar en los que exista controversia de parte, el Juez deberá de buscar la conciliación de intereses en cualquier momento del proceso apoyándose, cuando sea necesario, en el Centro de Mediación y Conciliación adscrito al Poder Judicial, procurando que las diferencias se resuelvan por las partes mediante convenio, como la fórmula más pacífica, viable y permanente para solucionar los problemas familiares.

Artículo 7.- La conciliación a que se refiere el Artículo anterior, se intentará en una audiencia especial, sujeta a las siguientes reglas:

I.- Se fijará oficiosamente por el juez para celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que quede establecida la litis, como requisito para iniciar el período de pruebas, o en cualquier otro momento que el juez lo considere oportuno;
II.- Deberá limitarse a la conciliación del conflicto, sin prejuzgar sobre las acciones y excepciones opuestas;
III.- La asistencia de las partes será obligatoria y personal, por lo que no se admitirá apoderado o mandatario. El Juez podrá suspender el procedimiento mientras no comparezcan;
IV.- Si el Juez logra avenir a las partes, se celebrará un convenio que producirá los efectos jurídicos de una sentencia ejecutoriada;
V.- El convenio no deberá lesionar derechos irrenunciables o contravenir normas de orden público, y
VI.- Si el Juez no logra avenir a las partes, podrá ordenar que se sometan a la mediación del equipo técnico de apoyo o continuará con la siguiente etapa del procedimiento, según lo estime prudente.

Cuando el juez lo considere pertinente o así lo disponga este mismo Código, el conflicto se remitirá al Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, siempre que las partes estén de acuerdo en someterse a estos medios de solución.

CAPITULO IV

De los consejos de Familia, los Centros de Mediación y el Arbitraje


Artículo 8.- En los asuntos que no requieran de una resolución judicial de carácter declarativo o constitutivo, las partes en conflicto pueden acudir al consejo de familia que corresponda a su domicilio, como una primera instancia de asesoría, mediación y conciliación, cuyas resoluciones carecerán de fuerza imperativa o, en su caso, al Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, sin perjuicio de recurrir a la autoridad judicial cuando lo consideren oportuno.

Los consejos de familia se constituirán por el Poder judicial en cada población, pudiendo existir varios consejos en una misma ciudad, delimitando claramente su competencia territorial.

Artículo 9.- Los consejos de familia estarán constituidos por tres personas, radicadas en el área de su competencia, que tengan arraigo y respetabilidad social y una capacitación previa en técnicas de solución de conflictos, particularmente en los métodos de conciliación y mediación.

Artículo 10.- Las partes pueden someterse libremente al arbitraje en materia familiar, cuando el conflicto no implique derechos irrenunciables, pudiendo actuar como árbitros los miembros del consejo de familia del domicilio de los promoventes, cuando éstos los designen en los términos de ley.

Artículo 11.- Los Centros de Mediación y Conciliación dependientes del Poder Judicial, serán constituidos en las principales poblaciones del Estado, de acuerdo con la ley que regule su funcionamiento.